Conociendo el sistema judicial penal venezolano

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Hace dos años, Miguel X con un puñal en mano, asaltó una frutería, el dueño del local le entregó el dinero que había en la caja y Miguel salió corriendo, cuando huía fue capturado por vecinos quienes lo entregaron a funcionarios de la policía municipal. A pesar de que el sistema penal establece que en unos seis meses ya tendría una sentencia, la verdad es que a partir de ese momento comenzaría a vivir un infierno. Miguel X quedó atrapado en el sistema penal venezolano del difícilmente podrá salir indemne.

Estamos acostumbrados a escuchar hablar del retardo judicial, de impunidad, de cárceles saturadas y centros de detención policial hacinados. Pero ¿sabemos cómo funciona el sistema judicial penal?, ¿qué pasa desde el momento en que una persona es atrapada cometiendo un delito hasta que un juez lo condena, o lo absuelve?, ¿quiénes son los actores que participan en él?, ¿cuánto debería durar un juicio?

El especialista en criminología, Luis Izquiel señala al respecto que lo primero que debemos saber es que el proceso penal contiene una serie de procedimientos establecidos en la ley que regula la materia, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

El proceso puede iniciarse de las siguientes maneras, cuando hay detenciones por flagrancia. También cuando las víctimas denuncian hechos delictivos ante la policía o cuando la Fiscalía y los organismos que comienzan investigaciones de oficio. Pero mientras no haya detenidos, no comienzan a correr lapsos establecidos en el COPP.

Cuando alguien es detenido en el momento del crimen, a muy poco tiempo o distancia del caso, nos encontramos ante lo que denominado como flagrancia y en este caso el proceso se pone en marcha a partir de la detención cuando se cuentan 48 horas para presentarlo ante el Ministerio Público.

Actores en la obra

En la justicia venezolana, además de la policía, nos encontramos con los actores fundamentales del proceso, estos son los jueces, fiscales, defensores y claro está el centro de toda esta historia, el acusado.

Los jueces, los encargados de administrar justicia. Funcionarios públicos quienes en teoría deberían estar debidamente formados y electos para ocupar esos cargos tras participar en un concurso de oposición; sin embargo, sectores denuncian que “muchos son seleccionados a dedo”.

Los fiscales representan al Ministerio Público, la parte acusadora del juicio, es este organismo el que tiene el monopolio de la investigación penal y de la acción penal en Venezuela.

La defensa puede ser pública o privada. Los primeros son los abogados suministrados por el Estado para garantizar un juicio justo para quienes no tienen los recursos para pagar uno; además el sistema penal venezolano permite a los acusados contratar abogados que los representen, se trata de la defensa privada.

Un corto-largo proceso
Como se dijo con anterioridad, el sistema está diseñado para que los juicios sean breves, “deberían durar unos seis meses. La idea era terminar con el retardo procesal que imperaba en la era pre COPP, pero las fallas del sistema pudieron más y el retardo procesal se agudizó”, señaló Izquiel.

Tras la detención de una persona, las autoridades tienen 48 horas para presentarla ante la Fiscalía, quien a su vez tendrá un plazo de 45 días para presentarlo ante el Tribunal de Control.

En la audiencia preliminar, Fiscalía y Defensa esgrimirán ante el juez de control los elementos de convicción que tienen. El juez admitirá o rechazará la acusación.

Una vez admitida se inicia el juicio. El juez citará a las partes, escuchará a los testigos, se llevará a cabo el juicio oral y público y luego emitirá la sentencia. “Pero en realidad muy pocos casos llegan al juicio oral. La mayoría se deciden cuando el acusado admite los hechos y el juez dicta la sentencia” agregó Izquiel.

El sistema contempla la posibilidad de apelar las sentencias. Esto se hace ante las Cortes de Apelaciones, tribunales de segunda instancia, integrados por tres jueces, que conocen estas causas y deciden, ante estas instancias, la superior es la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En cada estado o circunscripción, hay un Circuito Judicial Penal y un juez presidente del circuito, quien en teoría debería tener solo funciones administrativas. “Sin embargo, ha habido señalamientos sobre Presidentes de Circuitos Judiciales, quienes tienen mucho peso en las decisiones de los tribunales, cosa que no debería ocurrir, pero ocurre, lo que puede afectar el equilibrio en la justicia”, señaló el especialista.

Aspectos esenciales
El retardo procesal y sus distintas causas, entre las que se encuentran la acumulación de expedientes. “Hubo un tiempo en el que se dijo que cada fiscalía tendría entre tres y cuatro mil expedientes archivados, causas que no se mueven sin acusados, ni detenidos, cifra que puede ser mucho mayor, ya que hay miles y miles expedientes archivados de facto en el Cicpc o las fiscalías”.

“En nuestro país el retardo procesal alcanza el 100% de las causas, dudo que haya un caso con detenidos en flagrancia en el que se han cumplido los lapsos. La regla es el incumplimiento. En las comisarías de policía del país hay personas con dos, tres y hasta cuatro años y sin sentencia, cuando este proceso se diseñó para que termine en un lapso de menos de seis meses”.

Además, están desde presos que no salen de las cárceles porque los pranes no se los permite, la falta de ubicación de los testigos, audiencias que no se realizan por ausencia de alguna de las partes, fallas en los traslados, ausencia de los jueces, diferimiento de los juicios

Otro problema grave es que la infraestructura de los Palacios de Justicia, que en general se encuentra muy deteriorado, “sólo en Caracas, el principal Palacio de Justicia del país, tiene un gran déficit de baños, por ejemplo, si eso es en Caracas, imaginen cómo está el resto del país”

Complementaria
El debido proceso

Una de las cosas que en teoría protege a la ciudadanía es el debido proceso, pero ¿qué es eso?, ¿con qué se come?
El debido proceso es un conjunto de derechos de la ciudadanía que fija las reglas básicas de cualquier proceso judicial o administrativo.

Está consagrado en el artículo 49 de la Constitución y garantiza al ciudadano la defensa y asistencia jurídica como derechos inviolables, el derecho a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga, acceder a las pruebas y disponer del tiempo y medios adecuados para defenderse.

Los derechos a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, a recurrir del fallo cuando sea declarado culpable, a ser escuchado en cualquier clase de proceso y a ser juzgado por sus jueces naturales.

Nadie puede ser obligado a confesarse culpable o declarar contra sí mismo, su cónyuge, concubino o concubina, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

No se aceptan confesiones realizadas bajo coacción de cualquier naturaleza.

Nadie puede ser castigado por actos u omisiones que no fueren calificados como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Nadie puede ser sometido a juicio por los hechos por los cuales ya había sido juzgada anteriormente.

Todos pueden solicitar al Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados.

Fuente: El Universal

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